Los grupos del gobierno catalán -PSC, ERC e ICV- y el del principal partido de la oposición -CiU- han sumado sus votos (114) para rechazar la enmienda a la totalidad presentada por el PPC (14), que se ha quedado solo en su rechazo total a la ley, mientras que el grupo mixto (3 votos) se ha abstenido.

El diputado de CiU Josep Lluís Cleries ha criticado el proyecto de ley presentado por la consellera de Acción Social, Carme Capdevila, aunque ha extendido la mano para conseguir durante la tramitación parlamentaria un acuerdo que permita aprobar la iniciativa con el máximo consenso posible.

La diputada del PPC, Maria Àngels Olano, ha justificado la enmienda a la totalidad de su grupo por el rechazo a un proyecto de ley que recoge el derecho de las adolescentes a decidir sobre su maternidad, lo que abre la puerta a la interrupción del embarazo, aunque el texto del Govern remite a lo que dicte la legislación española.

La referencia a la cuestión del aborto en adolescentes "no tiene cabida en una ley que pretende defender al menor", a juicio de esta diputada, que ha recordado que la ley del aborto se está discutiendo en el Congreso de los Diputados.

El proyecto de ley de derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia reforzará la protección de los menores al autorizar a los servicios sociales a intervenir en cuanto detecten que un menor presenta síntomas de desnutrición, no acude regularmente al colegio o se encuentra en alguna otra situación de riesgo.

Estos menores podrán seguir a cargo de sus tutores legales, pero serán objeto de un seguimiento detallado por parte de la administración sin esperar a actuar, como ocurre ahora, a que se encuentren en situación de desamparo.

La ley prevé también que, en caso de malos tratos a menores, sea el adulto agresor el que abandone el domicilio familiar y no el niño, como en la actualidad.

La consellera Capdevila ha asegurado hoy que con estas medidas "se pretende situar la lucha contra el maltrato infantil al mismo nivel que la lucha contra la violencia machista".

El proyecto de ley, que podría aprobarse de manera definitiva en el primer trimestre de 2010, agiliza además la adopción nacional al limitar a un máximo de dos años el plazo que tienen los padres biológicos de los menores tutelados por la Generalitat para recuperar a sus hijos.

En la actualidad, la familia biológica puede impugnar las decisiones de la Generalitat en cualquier momento, lo que entorpece los procesos abiertos encaminados a una acogida estable del niño en el seno de una familia o incluso una futura adopción.

Cuando se apruebe la nueva ley, los progenitores tendrán tres meses para oponerse judicialmente a la declaración de desamparo y un máximo de dos años para reclamar la tutela.

Con esta medida, pionera en España, se pretende dar al menor desamparado la oportunidad real de crecer y desarrollarse en el seno de una familia, en lugar de verse abocado a prolongadas estancias en los centros de menores.

Otra novedad es la creación de dos nuevos tipos de acogida: la permanente, cuando el desamparo sea permanente pero no sea viable una adopción, y la especializada, que permitirá a menores tutelados vivir en familias en las que uno de sus miembros es un profesional del ámbito de la educación, que cobrarán por ello. EFE